Diputados salteños se resisten a derogar la criminalización de las personas en situación de prostitución.
En una reunión solicitada por la Mesa de la Diversidad (integrada por organizaciones locales y organismos de gobierno como el INADI, la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia y la Dirección de la Diversidad de la Municipalidad de Salta) con Diputados Provinciales, se planteó la demanda histórica de la derogación de los artículos 114 y 115 del Código de Contravenciones Provincial que criminalizan la prostitución en la vía pública.
La reunión (realizada el lunes 22 de septiembre de 2014) fue encabezada por el diputado Lucas Godoy, Presidente de la Comisión de Legislación General, quien planteó que en las comisiones legislativas en las que se discute la reforma del Código de Contravenciones de la provincia sólo se avanzará en la derogación del artículo 96 que habla de la criminalización de la ofensa a la moral pública, un concepto vago que viene siendo utilizado para perseguir a las personas trans.
La demanda de las organizaciones de la diversidad para que en la provincia se deroguen los artículos que criminalizan las identidades diversas, principalmente la identidad trans y la situación de las travestis en estado de prostitución no es nueva, sino que se remonta al año 2008.
Para los diputados derogar los artículos inconstitucionales que criminalizan la prostitución, situación irregular ya que Argentina tiene una postura abolicionista (por lo que no se puede ni legalizar ni criminalizar la prostitución) implicaría un “descontrol” en materia de oferta sexual callejera. En vez de la derogación, los diputados buscan sumarse a la línea que marcó el Estado Nacional respecto a la explotación sexual de mujeres, que muchas veces confunde trata con prostitución; y promueven incluir como figura delictiva al demandante de sexo pago. La penalización de clientes criminaliza indirectamente el trabajo sexual mediante la criminalización de una de sus partes necesarias. Las organizaciones nacionales de Trabajadoras Sexuales afirman que la persecución del cliente sólo logra el ocultamiento del trabajo sexual y genera el crecimiento de redes mafiosas ya existentes, amparadas por la dudosa ética de las fuerzas de seguridad; lo que genera que las personas en situación de prostitución y las trabajadoras sexuales están expuestas a más violencia. La diferencia de estas categorías radica en la supuesta elección o no de la prostitución como medio de vida.
Las organizaciones y organismos que integran la Mesa mantienen diferencias en este punto, pero acuerdan en el pedido de derogación de los artículos mencionados.
Los argumentos para mantener la criminalización de la prostitución en Salta incluyen una supuesta garantía del debido proceso al momento de la detención por infringir la normativa. La iniciativa general de la reforma del Código busca que las contravenciones pasen a los jueces de Garantías, quienes serían los encargados de ejecutar los juicios y posteriormente se encargarían de determinar la sanción. La Policía sólo sería auxiliar del Fiscal y realizaría las tareas investigativas. Actualmente las personas que se prostituyen son sometidas a numerosada violaciones y vulneraciones en sus derechos como personas por las fuerzas de seguridad y el poder judicial. Situación denunciada en reiteradas ocasiones por numerosas organizaciones.
El otro argumento de los diputados para no derogar dichos artículos es el desarrollo de políticas de inclusión laboral para las personas en situación de prostitución, principalmente travestis, que toman como única opción laboral la prostitución, políticas que solo pueden desarrollarse de manera articulada entre los poderes y organismos del Estado y en un periodo a largo plazo que permita modificar percepciones culturales sobre las identidades diversas al momento de la inclusión laboral pública y privada. Mientras tanto quienes se dedican a la prostitución se ven privadas de un acceso a fuentes económicas de manutención.
Si bien al cierre de la reunión los diputados se comprometieron a trabajar sobre la demanda de las organizaciones y organismos que integran la Mesa de la Diversidad para que se deroguen esos artículos, no hay garantías de que la Legislatura avanzará en la adecuación de un marco normativo que no criminalice la situación de muchas personas en situación de prostitución. De mantenerse estos artículos en el texto reformado sólo se contribuirá a sostener el estigma y la clandestinidad de las mismas, facilitando la connivencia entre funcionarios, fuerzas de seguridad y redes de trata para la trata de personas y su explotación sexual.
El Observatorio realizó en 2010 dos spots audiovisuales para visibilizar las situaciones que el el actual Codigo de Contravenciones genera en las personas del colectivo de la diversidad.