El ciclo lectivo 2018 en la provincia se cerró visibilizando que la “salteñidad” puede ser diferente a lo que nos dijeron y colectivamente diversa. Por Matías Hessling
El Paradigma de una educación eclesiástica.
En diciembre de 2008 el Senado de Salta convirtió en ley la enseñanza obligatoria religiosa en las escuelas públicas. De este modo, se blanqueó la enseñanza de la religión católica que desde 1978 integra los planes de estudio de las escuelas públicas y privadas salteñas.
Diez años después, en diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación; y también invalidó la obligación de los padres de manifestar si desean que sus hijos reciban “educación religiosa”, el argumento que habilitaba el catolicismo en la escuela pública.
Este diciembre de 2018 termina un ciclo lectivo turbulento para el paradigma educativo en la provincia; explícitamente católico, inaugurado por el entonces segundo Ministro de Educación del primer gobierno de Juan Manuel Urtubey; Leopoldo van Cawlaert, vinculado al Opus Dei, quien estableció que los alumnos debían rezar, escribir oraciones a la virgen y ser sometidos a prácticas discriminatorias cuando no asistían a esa clase. La Educación Sexual Integral ya era Ley Nacional en Argentina, pero en Salta tampoco distribuían los cuadernillos del Programa ESI aprobados por el Consejo Federal de Educación, el órgano gubernamental que define las políticas educativas.
Durante 2018 el «Paradigma Educativo Eclesiástico» que aún sigue vigente recibió varios golpes que desconcertaron a la administración del sistema. Al activismo feminista adolescente por el aborto y a la visibilización de los estudiantes organizados, se les sumó una denuncia pública por discriminación en un colegio secundario de la ciudad vinculado al opus die y a las elites locales, que tomó trascendencia nacional.
El caso de homofobia en el Colegio Santa María de Salta se conoció a partir de una carta pública de la hermana de un adolescente que fue interpelado por las autoridades del colegio por portar una pulsera con la bandera gay, llegando a ofrecerle una cura para su “enfermedad”. Se trata de la misma estrategia de amedrentamiento que en otros colegios secundarios privados, y también públicos, llevaron a cabo los representantes institucionales de los grupos antiderechos con las adolescentes que visibilizaban sus pañuelos verdes en apoyo a la ley del aborto que se discutía en el Parlamento Nacional. Hay una lista larga de colegios que no fueron denunciados institucionalmente pero que incurrieron en los mismos delitos contra menores de edad “amparados” en el “derecho de admisión”. En el caso del colegio Santa Maria no se esperaban que las familias que lo eligen para sus hijxs fueran más liberales de lo que aparentan y las familias del grupo damnificado actuara frente al delito de discriminación.
En diez años, en Salta emergieron nuevos actores sociales, que acompañados por la sanción de leyes nacionales en materia de diversidad sexual y derechos humanos, junto a un cuerpo de leyes nacionales con articulación transversal en el respeto a esos derechos cómo: la ESI y la Ley nacional de Educación, la Ley de Medios, entre otras, denunciamos su violación sistemática por el Estado provincial.
La Grandeza del Amor, mama y papá y otros adoctrinamientos antiderechos.
En 2012, El Observatorio denunció ante diferentes organismos un material de estudio que la provincia empezó a distribuir en algunas escuelas, titulado “La grandeza del Amor”, coordinado por la Universidad Católica de Salta, y publicado a través de la Fundación Trinitas, un material explícitamente antiderechos dedicado “a todos aquellos que con su ejemplo de vida apoyan el matrimonio, la familia y la vida”. Estas cartillas de adoctrinamiento serán incorporadas a la Biblioteca Pública y Archivo Especializados en diversidad sexual, identidades de género y sexualidad como testimonio de los intentos espurios de imponer un paradigma antiderechos en niños, adolescentes y jóvenes de la provincia.
El paradigma educativo que afirmaba que la totalidad de los estudiantes salteños debían recibir educación religiosa obligatoria se terminó de caer cuando el mismo Ministerio de Educación provincial, comandado desde 2016 por la ministra Analía Berruezo, informó a pedido de medios y organizaciones que sólo 16 mil estudiantes, de 450 mil matriculados en escuelas públicas habían completados los formularios para cursar la materia religión fuera del horario de clases como establece el fallo de la corte. Este dato visibiliza la gran estafa discursiva sobre la religiosidad eclesiástica salteña: solo el 4% del alumnado provincial practica el catolicismo como manda el catecismo católico.
Ninguno de los Ministrxs de Educación de los tres periodos del Gobernador Urtubey desarrollaron una política educativa de implementación de la Educación Sexual Integral. Sólo se realizaron capacitaciones esporádicas por imposición del Ministerio de Educación de la Nación del entonces Gobierno Nacional, y por las demandas de diferentes organizaciones no gubernamentales, como el Observatorio para la promoción de derechos de la diversidad, en articulación con la Mesa de la Diversidad y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
Lo que pasa en las redes pasa en la vida real.
Quizás la conjunción de impactos de los medios tradicionales y la segunda ola de redes sociales habilitó a que lxs adolescentes salteñxs se organicen y visibilicen luchas estudiantiles por los derechos sexuales. El caso del Colegio Sana María no se aleja mucho del guión de la tira diaria “100 días para enamorarse” emitida esta temporada por Telefe Salta (ex Canal 11 de Salta) para todo la provincia, que aborda una situación de visibilizacion de las problemáticas escolares de una adolescente que decide construir su identidad como varón trans.
Durante estos 11 años de gobierno, el ahora precandidato presidencial Juan Manuel Urtubey fue modificando sus posturas frente a los temas vinculados a la diversidad sexual. Pasó de militar activamente contra el Matrimonio Igualitario ofreciendo un reconocimiento oficial a los legisladores que votaron en contra, entre ellos su actual Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos Marcelo López Arias, quien en 2018 participó activamente en las acciones de capacitación para trabajadores de la administración pública provincial y municipal, incluido docentes; actividades impulsadas por las organizaciones LGBTIQ junto a la Secretaría de Derechos Humanos provincial y al Área de Diversidad, área gubernamental creada a fines de 2016 a la que le falta que le asignen un presupuesto que le permita tener una política pública planificada.
Quizás la visibilidad nacional de la provincia, que se potenció con el casamiento del gobernador con la actriz Isabel Macedo hayan impulsado que ordene al Ministerio de Educación provincial que intervenga en este caso de discriminación escolar, calificando al hecho de “inaceptable”, a través de su cuenta de Twitter, en respuesta a un post de la escritora y periodista Florencia Etcheves, quien reclamó la intervención del mandatario en el caso. El gobernador además informó que contactó a la familia del estudiante y que dio “instrucciones al Ministerio de Educación para que hagan valer los derechos de Santi y sus compañeros”. Otro detalle a destacar en relación a las redes sociales, fue un tweet de la abuela de unos de los adolescentes expulsados pidiéndole intervención al Papa Francisco.
La disputa güemesiana.
Este año el Observatorio cumplió 10 años de trabajo en la promoción de los derechos de la diversidad sexual, la sexualidad y las identidades de género y para celebrarlo realizó diferentes actividades centradas en la Biblioteca Provincial, donde se generará de forma colectiva un espacio de referencia bibliografía, académica y cultural sobre la temática, desde una mirada crítica sobre los peligros de desconocer nuestra historia y de no ser consientes políticamente de los procesos culturales de reconocimiento de derechos contemporáneos, que atraviesa las diferentes clases sociales, en una situación social local dónde muchas veces casos similares al padecido por los estudiantes de Colegios Religiosos Privados. Familias en situaciones de vulnerabilidad no cuentan con servicios públicos, como educación y salud, donde poder recurrir frente a intentos de suicidios adolescentes por ser víctimas de discriminación que no toman estado público (como el caso de un colegio de elite).
Si bien ese paradigma antiderechos ha tomado fuerza nuevamente, y un ejemplo fue el intento desesperado de referentes tradicionalistas de bajar la muestra “Viñetas sin armario II” que se presentaba en la Biblioteca dónde una de las obras era una imagen de Güemes intervenido con elementos estéticos vinculados a la cultura gay. Utilizando las estrategias más espuria de “aprietes” a funcionarios provinciales y municipales y desde las sombras, reconociendo implícitamente que la homofobia no es aceptada socialmente como años atrás. Hablaron con todas las autoridades provinciales y no lo consiguieron. La censura cultural si hubiese sucedido hace unos años, hay numerosos casos que se podrían enumerar.
Este 2018 cierra con muchos avances en los cambio de paradigma de ese concepto tan controversial como la “salteñidad” de la que los grupos de ideología oligárquica y colonial se apropiaron, y a la que desde el Observatorio la pusimos en disputa. Este 2018 nos mostró que las nuevas generaciones salteñas son jóvenes y adolescentes que saben organizarse y que van a ser muy conscientes de lo que esperan de sus representantes al emitir un voto en las elecciones 2019.-
